Subsidiar, subsidiar: ¿qué, a quién y cómo?

Claudio Agostini

Claudio Agostini

La decisión de ENAP de aumentar las tarifas al gas en un 16,8% en la XII Región, eliminando así un subsidio implícito de US$ 20 millones al año, es una decisión económicamente correcta y soluciona dos problemas. El primero, tiene que ver con qué se subsidia en la economía. Los precios en una economía deben reflejar siempre la escasez relativa de los bienes, ya que eso permite una asignación óptima de los recursos. Cuando hay externalidades en los mercados y los agentes económicos provocan efectos en otros que no consideran en sus decisiones, los precios no cumplen ese rol correctamente y es necesario colocar impuestos si la externalidad es negativa y subsidios si es positiva. En el caso del consumo de gas no existe ninguna externalidad positiva que justifique un subsidio y bajar artificialmente el precio entrega la señal de que el gas es relativamente menos escaso que otros combustibles, lo cual no es cierto. Es más, dada la situación de caída de reservas de gas la realidad es la opuesta. Sincerar los precios en cambio da la señal correcta, el gas es más escaso y la respuesta óptima es consumir menos y buscar un sustituto más barato. Por razones de eficiencia entonces, es correcto eliminar el subsidio. Si aprovecháramos la oportunidad de eliminar además todos los otros beneficios tributarios y subsidios de zonas extremas que por la misma razón no se justifican y que generan fraudes y contrabando, aún mejor.

Una segunda razón para entregar subsidios en una economía es que la distribución del ingreso y la riqueza resultante del libre funcionamiento de los mercados no nos gusta y por razones de equidad y justicia es deseable redistribuir. En ese caso, la política social juega un rol importante subsidiando ingresos (junto a un sistema tributario progresivo obviamente). En el caso del gas en la XII Región, no hay ningún componente redistributivo ni de equidad en el subsidio ya que es parejo para todo el mundo. Con ello se subsidia más a los que consumen más gas, que probablemente son los de más altos ingresos y no precisamente los más pobres. Por razones de equidad entonces, también hay que eliminar el subsidio.

El segundo problema que se soluciona al eliminar el subsidio implícito tiene relación con la gestión de las empresas públicas y la transparencia en las decisiones de política pública. El subsidio actual que recibe la XII Región nunca ha sido discutido en forma transparente ni aprobado en el Congreso. No existe una ley que haya creado este subsidio y cuyo monto se discuta anualmente en la Ley de Presupuestos. El subsidio al gas se decidió en una reunión de directorio de una empresa del Estado, cuyo rol es defender los intereses de la empresa. Ya tuvimos la experiencia del Transantiago, cuando el gobierno decidió inyectarle recursos y subsidiar en forma indirecta a través de la empresa Metro y la Contraloría correctamente objetó la medida porque excede el objeto social de la empresa. Los directores y ejecutivos de las empresas deben velar por los intereses de los accionistas y responder ante ellos. En el caso de las empresas públicas, esto es aún más importante al ser todos los chilenos sus accionistas, sino implicaría que el gobierno de turno no sólo se convierte en el administrador del estado sino que en el dueño de turno, lo cual es grave. No sólo es relevante discutir qué subsidiar y a quién subsidiar, el cómo se decide y se implementa el subsidio también importa. Por razones de gestión pública y transparencia, también es correcto eliminar el subsidio. No hay duda que la economía política de esta medida se podría haber hecho distinta, tal vez haciendo alzas escalonadas en el tiempo. Incluso se puede discutir, en forma transparente en el Congreso, un subsidio al consumo del gas para los más pobres. Lo relevante es que la medida es técnicamente inobjetable y ojalá sirva de precedente para eliminar muchos otros subsidios implícitos y explícitos, implementados a través de empresas públicas y regulaciones varias, que existen sólo producto de la presión de grupos corporativos y que no tienen justificación económica.